Igualdad entre todos.

Estoy de acuerdo con Rajoy, cuando dice que él cree en una país de «Ciudadanos libres e iguales». Qué bonito sería que eso fuera cierto. Sin embargo, en esto que algunos llaman «Estado de Derecho», la igualdad que se proclama en ese papel mojado que es la constitución, no se cumple.

Existen varias normativas o leyes que impiden que eso sea así, entre otras, las leyes que dan privilegios a La Corona o a nuestros diputados, senadores, procuradores regionales, presidentes de diputación, alcaldes… Nunca se ha visto que el empleado de una empresa mande más que el jefe, mucho menos que esos empleados se pongan y se suban los sueldos a su placer. Nuestros políticos, que a nivel «Empresa» son nuestros empleados, hacen lo que les sale de las narices y están impunes en casi todos los casos. (Nacho Uriarte no se ha librado, aunque lo suyo ha sido más una falta sin consecuencias que otra cosa, aunque su acción fuera lo suficientemente grave) Ellos se suben los salarios cada año. Se otorgan privilegios en las jubilaciones. Se dan hasta una indemnización «por despido» cuando no salen reelegidos… Yo pensé, y así lo creo, que la política es un servicio a Dios y la Comunidad. Pero no para estos. Ni para el político que dijo lo de «Ciudadanos libres e iguales»

Pero hay un asunto en el que los españoles somos menos iguales que en otras cosas: El estado autonómico.

El estado autonómico es un régimen de administraciones que sangra económicamente los bolsillos de todos, y además enciende en los españoles sentimientos de diferenciación artificiales, dándole alas y falsos argumentos a los nacionalismos de todo pelaje, incluido el español.

No es normal que, dependiendo del lugar de nacimiento de un niño, se le enseñen cosas diferentes en la escuela. O que en unos sitios la atención sanitaria sea peor que en otros, con casos flagrantes como el de la zona norte de Palencia, que teniendo en Reinosa un hospital adecuado, han de desplazarse hasta la capital de la provincia por asuntos meramente competenciales entre CC.AA. (Castilla y León y Cantabria) con el gasto para el paciente que eso conlleva.

Es momento de decir bien alto que es hora de cambiar la estructura autonómica por una más eficiente y que nos haga a todos realmente iguales:

Devolución de las competencias que nos hacen a todos iguales (Sanidad, educación, justicia, seguridad ciudadana…) al estado central, comarcalización del territorio, descentralización administrativa hacia municipios y comarcas, eliminación también de las diputaciones provinciales. Máximo respeto a las peculiaridades culturales de cada lugar de España, sin que eso suponga una excusa para reafirmar diferencias que solo existen en las cabezas de los nacionalistas aldeanos.  Son solo una medidas que, desarrolladas convenientemente, reducirán dos de los grandes problemas de España: El nacionalismo y el despilfarro.